Gaza – Saba:

El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros y los Derechos Humanos considera que la aprobación por parte de la Knéset israelí de una ley que permite la detención de palestinos de la Franja de Gaza sin cargos ni un período de detención específico, y que les impide reunirse con abogados, constituye un delito legal y humanitario en toda regla. Se enmarca en la categoría de "combatientes ilegales", en un intento de legitimar la detención arbitraria al margen de la ley. El centro explicó en un comunicado de prensa que la aprobación de la ley representa una peligrosa escalada de violaciones sistemáticas contra los presos y se enmarca en la política israelí de despojar a los detenidos de sus derechos jurídicos y humanitarios más básicos, en flagrante violación de las convenciones internacionales, incluidas las Convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario. El comunicado añadió que esta ley se produce en un momento en que los presos de la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones humanitarias extremas y son sometidos a tortura física y psicológica constante, equivalente a una muerte lenta, por parte de la administración penitenciaria y los agentes de inteligencia, en medio de un alarmante silencio internacional.

El Centro instó a los parlamentos y a los organismos internacionales de derechos humanos y jurídicos a adoptar una postura clara de rechazo a esta ley, a trabajar de inmediato para detenerla y a exigir responsabilidades al enemigo por sus violaciones. Advirtió que la aprobación de esta legislación sentaría un peligroso precedente en el atropello de la justicia y la perpetuación de prácticas represivas fascistas contra los presos palestinos. Se enfatizó que la aprobación de la ley en su segunda y tercera lectura en la Knéset forma parte del sistema israelí de apartheid y de su arrogancia política y jurídica, que trata a los palestinos como objetos de criminalización y castigo colectivo sin el más mínimo juicio justo.

El 24 de julio de 2025, la Knéset israelí aprobó, por una mayoría de 30 votos a favor y seis en contra, la prórroga de la Ley de "Combatientes Ilegales", que permite la detención de palestinos de la Franja de Gaza sin cargos ni juicio y les impide reunirse con sus abogados durante períodos prolongados. La ley clasifica a los detenidos bajo esta legislación como "combatientes ilegales", una categoría que no goza de ninguna protección legal bajo el derecho internacional ni las Convenciones de Ginebra.