Sanaá - Saba:
La División Penal Especializada de Sanaá, la capital, celebró hoy una sesión para considerar el caso de una célula terrorista afiliada a Al-Qaeda, compuesta por siete miembros y liderada por un ciudadano egipcio llamado Naji Okasha.
Durante la sesión, presidida por el juez Abdullah Al-Najjar, jefe de la División, y a la que asistieron los jueces Hussein Al-Azzi y Muhammad Muflih, así como el fiscal Ali Al-Julhi, se expusieron los procedimientos previos.
La División también recibió un recurso de apelación de dos de los acusados contra la fiscalía y los herederos de las víctimas, el cual se adjuntó al expediente.
La Sala decidió conceder a los demás acusados la oportunidad de presentar sus recursos de apelación hasta la próxima sesión.
La sentencia, emitida por el Tribunal Penal Especializado de Primera Instancia de la capital el 30 de octubre de 2024, condenó a Naji Muhammad Akasha Younis Al-Khawli (de nacionalidad egipcia) por liderar, fundar y dirigir una banda armada afiliada a Al-Qaeda para cometer los delitos de robo con fuerza en el Banco Al-Kuraimi, bandidaje, robo, homicidio premeditado y con agresión de la víctima, Idris Nasr Ali Ghaleb, intento de homicidio y secuestro de terceros, resistencia a las fuerzas del orden y falsificación de documentos oficiales, según se le imputaba en el escrito de acusación. Fue condenado a muerte por fusilamiento. El tribunal también condenó a Majid Farhan Ahmed Mohammed Al-Zarari y a Shamsan Nasr Ali Ahmed Rajeh, condenándolos a muerte por daños punitivos, tanto como represalia como por fusilamiento discrecional. Badr Saleh Abdo Hazam Al-Masry también fue declarado culpable y condenado a muerte por daños punitivos, tanto como represalia como por fusilamiento discrecional. Abu Bakr Farhan Ahmed Mohammed Al-Zarari y Sadiq Abdo Ahmed Abdo Al-Qahim también fueron declarados culpables y condenados a quince años de prisión cada uno.
El tribunal también ordenó a los condenados mencionados, solidariamente, pagar una indemnización por daños morales a los herederos de las víctimas, incluyendo funcionarios públicos y otros, así como una indemnización por daños morales a los herederos de las víctimas.
El tribunal también condenó a Hani Farhan Ahmed Mohammed Al-Zarari por los cargos presentados en su contra en el escrito de acusación y lo condenó a diez años de prisión. El tribunal ordenó la destrucción de los documentos oficiales falsificados y la confiscación de las armas y los teléfonos móviles de los acusados.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, la célula llevó a cabo graves actividades terroristas en las zonas de Sharab y Al-Adin, causando la muerte de tres ciudadanos y aterrorizando a la población, como parte de un plan destinado a socavar la seguridad y la estabilidad y crear un ambiente de caos que sirviera a las fuerzas de agresión externa.
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