
Ginebra – Saba:
El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos (organización de derechos humanos con sede en Ginebra) acusó el lunes a las fuerzas israelíes de reclutar bandas locales y mercenarios extranjeros de una empresa de seguridad privada estadounidense.
El Observatorio afirmó en un comunicado que el objetivo de estas bandas es llevar a cabo masacres de palestinos hambrientos cerca de los puntos de distribución de ayuda en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Advirtió sobre una política sistemática para convertir los centros de ayuda humanitaria en escenarios de masacres y caos, según Quds Press.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos declaró que su equipo de campo documentó cómo el ejército israelí, junto con miembros de una banda armada local que había formado, disparó directamente contra cientos de civiles que se habían reunido cerca de un punto de distribución de ayuda establecido por el ejército israelí en la zona de Al-Alam, al oeste de Rafah, lo que causó la muerte de 100 personas. Al menos 14 civiles murieron y decenas más resultaron heridos.
El Observatorio confirmó que los testimonios recopilados de más de 12 testigos, incluidos heridos, indicaban que vehículos militares que transportaban a hombres armados con uniformes con el logotipo del "Servicio Antiterrorista Palestino" —uniforme utilizado por una milicia conocida como la "Banda Abu Shabab"— abrieron fuego directamente contra la multitud tras ordenarles que se dispersaran, en una escena que refleja una política de asesinatos y aterrorización indiscriminados.
Explicó que esta banda opera en coordinación directa con las fuerzas enemigas israelíes, tiene cuarteles generales en zonas controladas por el enemigo y participa en el saqueo organizado de ayuda humanitaria, incluyendo camiones de la ONU, bajo la protección de cuadricópteros de reconocimiento israelíes. La ayuda robada se transporta a zonas bajo control enemigo y se vende a precios exorbitantes.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos señaló que las fuerzas enemigas israelíes han desplegado mercenarios extranjeros que trabajan para una empresa de seguridad estadounidense para supervisar los puntos de ayuda. El Observatorio documentó a uno de estos mercenarios disparando directamente contra un civil, causándole la muerte. Los mercenarios también utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Señaló que el gobierno israelí, a través de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional, "aprobó oficialmente la formación de milicias locales encargadas de tareas de seguridad y combate en la Franja de Gaza. Esto responsabiliza directamente al enemigo israelí por sus violaciones como potencia ocupante de las Convenciones de Ginebra, en particular en lo que respecta a la protección de los civiles y la no autorización de violaciones".
Añadió que "los miembros de la empresa de seguridad estadounidense participan directamente en operaciones de combate y reciben orientación operativa del ejército israelí, lo que los convierte en mercenarios según la definición internacional contenida en la Convención de las Naciones Unidas de 1989, que prohíbe su reclutamiento, financiación y utilización en conflictos armados".
El Observatorio exigió la apertura de investigaciones internacionales independientes sobre los crímenes cometidos por estas bandas y mercenarios, y que los implicados sean procesados a nivel internacional o en las jurisdicciones nacionales.
El Observatorio exigió que la empresa de seguridad estadounidense se incluya en las listas de empresas cómplices de crímenes de guerra y que se imponga una prohibición total a las instituciones que trabajan con ella. El Observatorio también instó a la Autoridad Palestina (AP) a investigar los crímenes cometidos por estas bandas y mercenarios. La Autoridad Palestina debe declarar una postura firme contra esta banda, investigar las acusaciones de su coordinación con funcionarios de la Autoridad Palestina y emprender acciones legales inmediatas contra cualquier posible complicidad en violaciones contra civiles.
El Observatorio enfatizó la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas urgentes para detener el genocidio en curso en Gaza. Esto incluye la imposición de sanciones políticas, económicas y militares a Israel, la congelación de los activos de las empresas y funcionarios israelíes involucrados, la suspensión de las exportaciones de armas a Israel y la ejecución de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro y el exministro de Defensa israelíes.
El Observatorio concluyó su declaración enfatizando que la matanza, el hambre y la autorización de la violencia que tienen lugar en la Franja de Gaza representan un patrón sistemático de graves violaciones que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que exigen una rendición de cuentas internacional inmediata y directa.
Con el apoyo estadounidense y europeo, el ejército enemigo israelí ha estado cometiendo crímenes genocidas en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, lo que ha causado la muerte de 54.927 ciudadanos palestinos, la mayoría niños y mujeres, y heridas a otras 126.615 personas hasta la fecha. El número de muertos no es definitivo, ya que miles de víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, sin que puedan ser atendidas por ambulancias ni equipos de rescate.